Responsabilidad Civil Extra-Contractual

Responsabilidad Civil Contractual

La Prescripción

Se conoce como prescripción a una excepción que puede plantear el deudor como medio de extinción de una obligación cuando el acreedor no ha ejercido su derecho de crédito durante el tiempo que la ley estipula para ese efecto; esto en concordancia con el principio de certeza jurídica donde las partes puedan saber a qué atenerse. Los derechos sujetos a adquirirse o extinguirse son los derechos patrimoniales, para que éstos derechos puedan extinguirse por medio de la prescripción es necesario que: a) que existiera previamente un derecho de crédito, b) que el derecho no haya sido ejercido por el titular durante el tiempo estipulado por ley y c) que el beneficiario la alegue.

Por involucrar el tiempo como factor determinante para poder ejercer un derecho jurídico, los términos prescripción y caducidad tienden a originar confusión a la hora de ser utilizados; se entiende como caducidad al perecimiento del tiempo para ejercer un derecho otorgado por ley, mientras que la prescripción por su parte opera entre personas que están unidas por un vínculo jurídico. Así mismo, la caducidad es un plazo rígido y puede ser declarada de oficio, mientras que la prescripción es un plazo flexible y se debe alegar.

Como mencionamos anteriormente, se dice que la prescripción es un plazo flexible por cuanto se puede suspender e interrumpir. Puede suspenderse cuando el titular del derecho presenta alguna imposibilidad para ejercerlo, por lo que el transcurso del tiempo se detiene hasta que pueda ser ejercido, pero computa el tiempo que paso antes de que se presentara la situación. Por otra parte, la prescripción se interrumpe cuando deviene un hecho que según la ley deja sin efecto el tiempo trascurrido e imposibilita su cumplimiento, por lo que destruye la eficacia de ese tiempo e inicia un nuevo plazo de prescripción.

Un deudor puede por razones subjetivas renunciar a la prescripción de una obligación y no interponerla, en éste respecto la ley faculta que se pueda renunciar la prescripción ya consumada; en el caso de la prescripción futura, ésta es irrenunciable y en el caso de que se incluya en una clausula al momento de adquirir una obligación la misma no será válida ni eficaz. Al respecto, Borda citado por Montero Piña dice: “Nada impide que una persona renuncie a oponer prescripción cumplida o, más aún, pague una deuda prescrita. Está en sus atribuciones hacerlo; y para muchos será incluso un deber de conciencia. Pero lo que no puede hacer es renunciar a oponer la prescripción futura”. (Montero Piña, 1999, pág. 268).

Así las cosas, cuando adquirimos una obligación, ese derecho de crédito que tiene el acreedor tiene una vigencia para ser ejercido, cuando este plazo se cumple, la ley faculta al deudor para alegar prescripción y verse liberado de su compromiso; esto en virtud de garantizar el patrimonio contra declamaciones tardías por falta de interés del acreedor y por el principio de certeza jurídica.

TRABAJOS CITADOS
Montero Piña, F. (1999). Obligaciones. San José, Costa Rica.: Premiá Editores.

Novación- Remisión-Confusión

El cumplimiento forzoso de la obligaciones

Entrevista realizada al Lic. Bernal Chavarría

¿Qué es un proceso monitorio?
Es un proceso para ejercer cobro de derechos por una vía que supone que no tengo que cuestionar la declaratoria del derecho.

¿Cómo funcionan actualmente los juzgados con respecto a éstos procesos?
Los procesos son lentos. Los juzgados especializados de cobro no dan abasto con la cantidad de expedientes, por lo que el espíritu con que fue creada la ley cual es la celeridad en los procesos, es una utopía.

Considera usted que la nueva Ley de Cobro ha venido a aligerar de algún modo los procesos cobratorios.
No, más bien a complicar el proceso, suponiendo que podría hacerlo más ágil, por falta de capacidad para tramitarlos, le otorgó al deudor más oportunidades para evitar el pago, por ejemplo cuando se otorga la posibilidad de audiencias para cuestionar el título.

La Compensación

La compensación

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El Pago por Consignación

El pago por consignación se presenta cuando el deudor que tiene la voluntad de cumplir con su compromiso, se encuentra con la negativa de su acreedor a recibir el pago sin que medie un motivo justificado, por lo que debe depositar lo adeudado ante una autoridad judicial para liberarse de su obligación y no caer en un incumplimiento. El fundamento de ésta figura jurídica es proteger al deudor de una eventual mora inducida por el acreedor que dificulta la satisfacción de lo acordado.

Un deudor al que su acreedor le impide realizar su pago oportunamente, puede recurrir al pago por consignación según nuestra legislación -Art. 797 C.C.- cuando se presenten los siguientes supuestos: a)cuando el acreedor se niegue a recibir lo adeudado sin justificación ni derecho, b) cuando el acreedor no se presente o envíe a persona autorizada a recibir el pago, en el lugar y momento acordados, c)cuando el acreedor sea incapaz y no tenga representante legal o tutor y d) cuando el acreedor sea incierto –en el caso de que se haya realizado una cesión o subrogación- o si fuere conocido, cuando se desconozca su domicilio.

De igual forma, para que la consignación sea válida es necesario que sea realizada por persona capaz o hábil para pagar, que el pago se realice por la totalidad de la deuda exigible, que el plazo o la condición haya vencido, que se realice una oferta formal de pago y que se deposite ante la autoridad competente. Sobre la oferta real de pago, es importante aclarar que debe hacerse de acuerdo a lo estipulado en el Art. 889 del Código Procesal Civil; debe ser realizada por un notario público en el lugar donde debía de hacerse el pago, quién levantará un acta donde indicará que la voluntad del deudor de pagar ha sido pura y simple; así como la declaración y firma del acreedor o representante con respecto a la oferta.

Realizada la oferta real de pago por parte del notario público, el deudor procederá a efectuar el depósito judicial ante el juez cuya competencia será definida por el lugar y el monto patrimonial de la obligación, deberá también presentar un escrito donde indique las circunstancias que lo obligan a pagar de esa manera y el acta que levantó el notario –prueba de que realizó oferta legal a su acreedor-. Efectuadas estas diligencias, se conferirá audiencia al acreedor quien podrá: contestar aceptando lo consignado –deberá pagar los gastos en que incurrió el deudor y producirá efectos liberatorios, no contestar –se presume que está de acuerdo y produce los mismos efectos que si acepta-, o contestar rechazando la consignación –en este caso el proceso no contencioso finaliza e inicia un proceso ordinario donde un juez decidirá sobre el particular y los efectos-.

En conclusión, ésta figura jurídica vela por el derecho del deudor a satisfacer la deuda y no incurrir en morosidad cuando el acreedor incumpla con su deber de facilitar y permitir el buen pago sin una razón válida; pero que existe un procedimiento formal -supra citado- que el deudor no puede omitir para poder ejercerlo.

Bibliografía
Código Civil-Costa Rica, Editorial Juritexto S.A., 2008
Código Procesal Civil-Costa Rica, Edit. Inv. Jurídicas, 2010
Montero Piña, F. Obligaciones, 1999.

Carta de Subrogación

Las suscritas Diana Bermúdez Ramírez, portadora de la cédula xxx xxx, mayor, casada, vecina de Tibás, en calidad de acreedora de la operación crediticia No. 000457, en adelante denominada “acreedora original” y María Bonilla Arce, portadora de la cédula xxx xxx, mayor casada, vecina de Moravia en adelante denominada como “acreedora subrogada”; hacen constar lo siguiente:

1. Que la acreedora original, subroga todos sus derechos y acciones sobre la operación crediticia No. 000457 a la acreedora subrogada.

2. Que la operación crediticia No. 000457, responde a un monto de ¢200.000 –doscientos mil colones- más ¢ 50.000 –cincuenta mil colones- correspondientes a intereses. El Sr. Luis Cárdenas Méndez portador de la cédula xxx xxx, figura como deudor de dicha operación, misma que fue pactada en el mes de marzo del 2011 a un plazo de 10 meses, con una cuota mensual de ¢ 25.000. A la fecha el señor Cárdenas ha cancelado 3 cuotas, quedando un saldo de ¢ 175.000.

3. La acreedora original hace constar que recibe de la acreedora subrogante la suma de ¢175.000 –ciento setenta y cinco mil colones-; quedando su interés como acreedora original de la operación No. 000457 completamente satisfecho.

4. La acreedora original se compromete a informar al deudor de la operación No. 000457, el Sr. Luis Cárdenas Méndez, sobre la situación de cambio de acreedor, y entrega el expediente correspondiente a la acreedora subrogada.

Se extiende la presente en concordancia con el Art. 786 del Código Civil y amparados en el Art. 787 del Código Civil, se notifica al Sr. Luis Cárdenas Méndez para los efectos de pago correspondientes. Se firma en la ciudad San José, a los 4 días del mes de junio del 2011.

Diana Bermúdez Ramírez, Acreedora Original

Cédula No. XXX XXXX

María Bonilla Arce , Acreedora Subrogada

Cédula No. XXX XXX

Luis Cárdenas Méndez, Deudor Notificado
Cédula No. XXX XXX

Pago con Subrogación

Se entiende por subrogación cuando un nuevo acreedor se apodera de todos los derechos que otro tenía en un vínculo obligacional -Art. 791 C.C.-; ésta figura en sí no corresponde un medio de extinción de la obligación –excepto para el acreedor sustituido-. Sobre la naturaleza jurídica de ésta figura Montero Piña cita: “es una forma de incidencia de pago, mediante la cual un codeudor, fiador o un tercero ajeno a la relación, pagan la deuda a un acreedor primitivo con ánimo de suceder en todos sus derechos, a fin de asegurarse la satisfacción del crédito pagado por él” Obligaciones Pág. 183

La subrogación puede ser convencional o legal. Se denomina convencional cuando proviene de la voluntad de una de las partes, ya sea del acreedor cuando un tercero cancela la deuda sin que el deudor esté involucrado -el acto subrogatorio es simultáneo al pago-, o del deudor, cuando éste busca reemplazar el acreedor por otro que le ofrezca mejores condiciones en cuanto a intereses o formas de pago. Por otra parte, la subrogación legal se aplica cuando el acto de cancelación de una deuda por parte de un tercero, puede ser subsumido en lo estipulado en la ley como un pago por subrogación –expresamente en el artículo 790 del Código Civil-.

Es importante mencionar de igual forma, que en ésta figura jurídica la voluntad del deudor no tiene mayor relevancia –salvo cuando en la convencional cuando él es el promotor de la sustitución- y que basta con que se le informe para efectos de pago; en el caso del acreedor, únicamente puede oponerse en el caso de las obligaciones de hacer no fungibles o intuita personae.

Por otra parte, algunos autores han equiparado la subrogación como parte de la figura de cesión de un crédito debido a su similitud, pero existen marcadas diferencias que permiten separarlas, entre las cuales podemos citar: que la cesión es siempre convencional, mientras que la subrogación puede ser convencional u obedecer a mandato legal, así mismo, la cesión puede ser a título oneroso o gratuita y por su parte, la subrogación es siempre onerosa.

Así las cosas, la subrogación es una figura que permite a un tercero que paga una deuda ajena el reintegro de lo que ha pagado otorgándole todos los derechos de crédito originales, y puede ser ejercida de forma convencional o legal. Un ejemplo de pago por subrogación es el que ejercen los Bancos que compran saldos de las tarjetas de crédito que sus clientes puedan tener con otras compañías.

Dación en Pago

Al cumplimiento de la obligación con una conducta distinta de la que originalmente era su objeto con el previo consentimiento del acreedor se le denomina Dación en Pago; doctrinalmente se ha equiparado con figuras como la compraventa (el deudor vende al acreedor la cosa ofrecida en pago y el adquiriente cancela el precio con la deuda que se le debía), la novación (sustituye la obligación por una nueva), y como una simple modalidad de pago, pero su verdadera su naturaleza radica en un contrato liberatorio oneroso (supone la consumación del convenio y la extinción de la obligación);

Generalmente ésta figura legal se da en el final de la relación obligacional y depende del acuerdo de las partes; requisitos previos como la capacidad de las partes y la existencia de la obligación son indispensables, de igual forma, posteriormente es importante que se produzca la transmisión inmediata del objeto que substituirá la obligación, así como la aceptación por parte del acreedor –ya que contra su voluntad es improcedente el pago con una prestación que infrinja el requisito de identidad- Montero Piña, pág. 173

De igual forma, al estudiar la figura de la dación en pago, observamos una similitud entre ésta y la obligación facultativa, ya que en ambas se configura un pago diferente al acordado en el surgimiento de la relación; la diferencia se ha estimado en que en la obligaciones facultativas se estipulan desde su nacimiento los posibles sustitutos, mientras que en la Dación se origina al final de la obligación y es consecuencia del acuerdo de las partes.

Como mencionamos anteriormente, uno de los requisitos para que el objeto de la obligación pueda ser variado es que el acreedor le confiera fuerza de pago, no importa si patrimonialmente el objeto tenga un valor menor o mayor; en éste sentido una vez acordada la sustitución ambas partes perderán el derecho de solicitar el reintegro en los casos de que el objeto que sustituya tenga un valor mayor. Cabe mencionar también, que la legislación costarricense no hace mención expresa de la figura de Dación en pago, pero la figura se sustenta en los artículos 1123 y 1331 del Código Civil y en el 674 del Código de Comercio.

En resumen, se recurre a la dación en pago cuando el deudor se ve imposibilitado a cumplir con la prestación acordada y recurre a una sustitución –previo cumplimiento de requisitos- del objeto inicial de obligación y que como toda relación contractual privada se regirá por el principio de autonomía de la voluntad de las partes.

Montero Piña, F.

Obligaciones, 1999

El Pago

El pago es el cumplimiento de la obligación contraída previo a un acuerdo de partes, y constituye el fin de la relación obligacional, donde el deudor – solvens- debe pagar y el acreedor -accipiens- tiene derecho al pago o a la indemnización de los perjuicios acarreados; al respecto la Sala Primera cita: “El pago es el cumplimiento voluntario de la prestación debida y constituye la forma normal de extinción de las obligaciones, viéndose satisfecho el interés del acreedor” Sentencia #340 del 5/12/90

Se puede apreciar en la doctrina una dicotomía entre si existe o no un carácter negocial en el pago; debido a que para que se contraiga una obligación debe haber un acuerdo de partes y su declaración, pero por otra parte, no requiere para su eficacia una especial voluntad, sino la existencia de una deuda previa; sobre éste particular, autores como Diez Picazo y Antonio Gullón afirman que el pago de una deuda no es un hecho puro y simple, sino un acto jurídico.

Para que el pago sea efectivo debe: a)haber una obligación previa, b)constituir la conducta exacta que se pactó, c)la declaración de voluntad del deudor –animus solvendi-, d)y en algunos casos la aceptación previa por parte del acreedor. De igual forma, como requisitos para que el pago cumpla con su función se deben presentar entre las partes capacidad, legitimación, identidad e integridad. El buen pago debe realizarse en el lugar y tiempo acordado, además, produce efectos liberatorios –extingue la obligación-, satisfactorios -al acreedor- y extintivo del vínculo jurídico.

Es al deudor al que corresponde demostrar que el pago fue realizado, el régimen de gastos que genere el cumplimiento corren por su cuenta de igual forma. En los casos en el deudor tenga varias deudas con el acreedor y ésta circunstancia pueda dar origen a confusión, el ordenamiento otorga al deudor la potestad de imputación del pago –salvo excepciones estipuladas en la ley –Art. 780 C.C.- En los casos en que el deudor renuncie a su potestad de imputación se faculta al acreedor para realizar la aplicación del pago como el estime pertinente. Cabe mencionar también que ha falta de acuerdo de las partes se puede recurrir a la imputación legal, y que la misma busca liberar lo más posible al deudor.

Por otra parte, se puede presentar un pago indebido cuando se recibe en calidad de pago dinero o servicios que no se le deben, la persona que los recibió está obligada a devolverlo ya que no media causa legítima que justifique su apropiación. En el caso de que no sea posible devolver lo recibido deberá entregar su equivalente en dinero. Se tomará en cuenta de la misma manera, la buena o mala fe que medió para que se diera el pago indebido y se impondrá además algunas sanciones como pueden ser pago de intereses; la carga de la prueba en estos casos recae sobre el pagador.

Montero Piña, F.

Obligaciones

Premiá Editores, 1999

San José, Costa Rica

La Acción por Simulación

Cuando las partes declaran en forma diferente a lo que han querido, buscando producir un engaño, estamos frente a una simulación; al respecto la Sala Primera Civil en la sentencia #41 del 4 de abril de 1991,cita: “Simular significa representar o hacer aparecer alguna cosa fingiendo o imitando lo que no es. Disimular significa ocultar lo que es. En ambos casos el individuo tiene el engaño como idéntico objetivo. Ambos conceptos aparecen como aspectos diversos de un mismo fenómeno: la simulación.”

La simulación puede ser absoluta, cuando se produce en un contrato que sólo tiene existencia aparente –las partes en realidad no han querido celebrar ningún contrato, desean la declaración no sus consecuencias- y está citada en el Art. 835 del Código Civil; y puede ser relativa, cuando se emplea para dar a un acto jurídico una apariencia que oculta su verdadero carácter.

Para que un acto pueda ser considerado como simulado es necesario que cumpla con los siguientes requisitos: a) Acuerdo de partes: es necesario que las partes hayan manifestado su voluntad fingida, b) Discordancia intencional: distingue el acto simulado del error y c) Intención de engañar: siempre constituye un engaño, y debe causar daño a terceros o burlar la ley.

De igual forma, para poder ejercer la acción por simulación, es necesario ser titular de un derecho subjetivo, es decir, tener un interés jurídicamente tutelable y que éste titular haya sido o pueda ser afectado por el acto ficticio.

Un ejemplo de una situación donde se puede presentar una acción de nulidad por simulación es: Mario tiene una deuda con una financiera, misma que se encuentra atrasada por falta de pago, por el momento su único patrimonio es un vehículo. Con el fin de evitar que le embarguen y confisquen su vehículo, él simula la venta de ese vehículo a su hermano, pero sigue utilizando el vehículo como si la venta no se hubiese efectuado.

Acción Pauliana

Como parte del principio de garantía universal del patrimonio del deudor, surge la acción pauliana, la cual consiste en el derecho que tiene el Acreedor para impugnar los actos realizados por el Deudor que causen un detrimento en su patrimonio y que afectará su solvencia para con los acreedores; Albaladejo García lo define de la siguiente manera “El acreedor, después de haber perseguido los bienes de que esté en posesión el deudor para realizar cuanto le debe, puede (…) impugnar los actos que éste haya realizado en fraude de su derecho”. Derecho Civil Obligaciones

Su fundamento jurídico es el derecho general de garantía que posee el acreedor sobre el patrimonio del deudor, ya sea de los bienes presentes como de los futuros y que le confiere la potestad de vigilar para que dicho patrimonio no se disminuya en protección de su legítimo interés; es decir, si el deudor ha enajenado o desplazado su patrimonio, la acción pauliana no buscará devolver el patrimonio al dominio del deudor, sino, exige la rescisión del acto.

De igual forma, es importante citar que está acción es un derecho personal porque el acreedor actúa a su nombre –no como en la acción oblicua-, rescisorio porque se plantea para impugnar un negocio jurídico válido y eficaz del deudor con un tercero –esto quiere decir que no podrá satisfacer su crédito, en el tanto no impugne el acto jurídico del deudor con un tercero- y subsidiario - que puede ejercitarse únicamente cuando se han agotado sin resultado los otros recursos legales para satisfacer el interés patrimonial del acreedor-.

Se han señalado dos requisitos básicos para que la acción pauliana pueda prosperar: a) El fraude o la intención dolosa del deudor, b) El perjuicio -provocando una disminución de la garantía afectada al acreedor y a su vez obstaculizando la exigibilidad del crédito-. Es decir, se debe haber una relación de causa y efecto entre el fraude y el daño.

Un ejemplo de éste tipo de acción, se presenta cuando un deudor insolvente, que sabe que sus bienes podrían ser confiscados, los vende a una tercera persona a un precio inferior, esa situación provoca una afectación de su patrimonio, por lo que esa venta, podría ser impugnada por su Acreedor –por medio de una Acción Pauliana- con el fin poder satisfacer su crédito.

La Acción Oblicua

En toda relación jurídica, los sujetos participantes adquieren obligaciones y responsabilidades, mismas que pueden ser -como hemos mencionado anteriormente- conductas de hacer, no hacer o dar, al respecto, nuestro ordenamiento jurídico establece una serie de normas que entre sus múltiples funciones ejercen un medio de tutela del crédito y son las facultades que se otorgan al acreedor para reclamar la satisfacción de su interés.

Se denomina acción oblicua a la potestad que brinda el ordenamiento jurídico al acreedor, para ejercer los derechos y diligencias que corresponden a su deudor buscando satisfacer sus intereses. Dicha acción tiene como su fundamento práctico lo estipulado en el Art. 981 del Código Civil. El autor mejicano Bejarano Sánchez, la define de la siguiente manera: “Esta acción constituye otra institución protectora del acreedor quirografario al permitirle apremiar a un deudor indolente para que atienda sus propios negocios jurídicos, ejerza sus acciones y haga valer sus derechos, en vías de que mejore su fortuna y adquiera nuevos bienes que acrecienten su patrimonio, es la garantía para aquél…”

Con el fin de que éstos derechos puedan ser ejercidos por medio de la acción oblicua es necesario que se cumplan ciertos requisitos, entre los que podemos citar: a) que los derechos o acciones a ejecutar tengan valor pecuniario –que no sean valores personalísimos-, b) que la obligación que le otorga el derecho a actuar se exigible en el momento planteado, c) que haya una situación de perjuicio al acreedor y d) haber solicitado autorización judicial para ejercer la acción.

¿Cómo funciona a nivel práctico esa acción? Cuando un deudor tiene una obligación vencida, y por el momento no tiene liquidez para hacerle frente; además no realiza acciones que podrían fortalecer su patrimonio –cobros, procesos judiciales, etc.-; es ahí cuando el acreedor puede solicitar autorización judicial y emprender el cobro al deudor de su deudor, con el fin de que ese dinero ingrese y él pueda recuperar su inversión.

Así por ejemplo, Manuel Rojas –accionado- se dedica a trabajos de soldadura, él sacó un crédito con el Banco Nacional –accionante- para comprar su máquina de soldar, el crédito es por $ 10.000, debido a que a Don Manuel no le han cancelado unos trabajos, no ha podido pagar las últimas cuotas del crédito –tiene 3 pendientes-. El Banco Nacional sabe de que Don Manuel por el momento no tiene ningún bien que pueda ser embargado, pero se entera que a éste señor la Corporación de Supermercados Unidos –demandado- le debe más de $20.000 y que el plazo de esas facturas se venció hace 6 meses. Debido a que al momento Don Manuel no ha ejercido ninguna acción de cobro contra su deudor; el Banco ejerciendo una acción oblicua, puede solicitar una autorización judicial y ejercer el cobro de lo adeudado a Manuel, con el fin de en el momento que le cancelen a él, el Banco pueda recuperar su dinero.

Derecho de Retención

Las Arras y la Cláusula Penal

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Obligaciones de Medios y de Resultado

Conocemos como obligación al vínculo jurídico entre dos o más personas donde uno de los sujetos –el deudor- se obliga a dar, hacer o no hacer una conducta; al respecto de esa responsabilidad contraída por el deudor el jurista francés René Demogue en su Tratado de Obligaciones General de 1925 al estudiar las teorías de las inejecuciones de las obligaciones, propuso la clasificación de las obligaciones de medios y las obligaciones de resultado.

Según Demogue la obligación del deudor no siempre es la misma, ya que en unos casos se caracteriza por el resultado y en otros por el empleo de los medios que producirán el resultado final. Así, las obligaciones de resultado son las contraídas con el fin de ejecutar un acto específico, positivo o negativo, que se traducirá en un resultado que de no efectuarse correspondería a un incumplimiento; ejemplos de obligaciones de resultado serían pintar una casa, construir un mueble, etc.

De igual forma, hablamos de obligaciones de medios cuando el deudor se ha comprometido a comportarse en cierta manera, es decir, a poner todos sus conocimientos, empeño o diligencias en lograr un resultado determinado, pero sin garantizar un resultado específico; un ejemplo típico sería la obligación de un médico para con su paciente –donde éste debe emplear todos sus conocimientos y diligencias con el fin de curar la enfermedad, pero que no garantiza que al final del tratamiento el paciente se cure.

Es importante también mencionar que dicha teoría encontró férreos detractores, entre los cuales citamos al profesor argentino Ernesto Clemente Wayar que explica que entre una y otra prestación no existen diferencias preponderantes por cuanto en las obligaciones llamadas de medios es siempre posible encontrar un resultado, ya que en toda obligación hay medios y se persigue un resultado. Sostiene además, que el hecho de que en algunas obligaciones el medio o la prestación juegue especial importancia no resta importancia al resultado, y que la protección jurídica que espera el acreedor debe ser igual en uno u otro caso.

Así las cosas, al analizar la teoría ofrecida por Demogue caemos en cuenta de que efectivamente se pueden encontrar diferencias entre las obligaciones a que está sujeto el deudor dependiendo de la naturaleza de la obligación –llámese de medios o de resultado-, pero que a mi criterio no restan ni suman responsabilidad propiamente ya que el contrato se fijará bajo el principio de autonomía de la voluntad de las partes y bajo ese supuesto las partes asumirán las consecuencias devenidas en caso de incumplimiento.

Obligaciones Dinerarias

¿Qué es el dinero?

El dinero es el medio normal de que se sirve el hombre para procurar otros bienes; a la inversa de lo que ocurre con las demás cosas, no proporciona al hombre ningún placer por sí mismo; pero sirve de intermediario en el trueque de cosas y bienes; con ese objeto ha sido creado y garantizado por el Estado y está sujeto a Vigilancia. Guillermo Borda –Obligaciones Civiles
La característica esencial del dinero radica en su poder adquisitivo y en el hecho de ser susceptible de cambio por todo tipo de bienes, de igual se pueden mencionar otras de sus características:
Fungibilidad: Esta característica permite utilizarlo como si se tratase de cualquier bien, para efectos de realizar un pago determinado.
Liquidez: Tiene la facultad de hacerse efectivo en la especie que se pacte y no requiere de valoración alguna.
Neutralidad: Lo exime de ser concebido como ilegal o carente de moral en sí mismo.

Por las anteriores características la doctrina ha concluido que ciertamente el dinero no es simplemente un papel o un metal, sino que más allá de ello, se trata de un fenómeno económico que busca la medición de una magnitud abstracta más allá de la especificidad y concreción de un objeto como lo es el billete o la moneda.

Antecedentes históricos de la evolución del Dinero

El dinero surge de la necesidad del hombre de organizarse y realizar actividades comerciales de intercambio de bienes y servicios. Inicialmente fue por medio del trueque que las personas comerciaban los productos, posteriormente debido a que los bienes o servicios a negociar aumentaron se presentaron problemas por lo que debieron de establecer una medida que valorara de modo más preciso los bienes intercambiados.
Cada civilización empleó diferentes bienes como medida de valor –el mismo dependía siempre de la cultura de cada pueblo- entre los artículos usados podemos mencionar: productos comestibles, semillas, collares, ganado, etc. pero fue la utilización de los metales la que marcaría la pauta para la utilización del dinero metálico y la posterior etapa de acuñación de monedas.
Egipto: Inicialmente se usó el trueque, adoptaron el uso de barras o tiras de metal que eran fácilmente divisibles. Valoraron mucho los metales –especialmente el oro- par la confección de joyas que eran de gran valor estético y religioso. Antes del uso de la moneda, se emplearon algunos productos como ámbar, arroz marfil, ollas, etc.- El cambio de mercancías se hacía valorándolas a través de una unidad llamada “chat” la cual era puramente ideal y fue utilizada por los negociantes y utilizada por toda la población.
El nacimiento de la moneda en Egipto se remonta entre 700 y 650 años antes de Cristo, la creación de la moneda como medio de intercambio de un bien por otro, trajo consigo grandes cambios en las sociedades, cabe mencionar que la moneda propiamente dicha, nació en Lidia, Asia Menor 700 años a. C. como resultado de la práctica de los lidios de sellar pequeños trozos de metales preciosos para garantizar su pureza y peso.
Babilonia Debido a que en Babilonia confluían dos de las rutas más importantes Asia y Europa se caracterizó por ser uno de los epicentros comerciales más importantes. Utilizaron la cebada como patrón comercial primario, hasta que los metales preciosos la reemplazaron, el oro y la plata se utilizaban en trozos siguiendo el sistema sexagesimal babilónico. Se empieza a dar lo que hoy conocemos como el ahorro –que se daba en casas o templos, lugares espaciosos y seguros para acumular metales-.
Grecia El sol del hierro y otros metales en Grecia, generó un desarrollo en la tecnología al tiempo que un estímulo en las relaciones comerciales por el Mediterráneo a partir de las últimas décadas del siglo X AC. La capacidad militar y la posibilidad de acumular riquezas impulsaron los viajes comerciales en busca de metales. La moneda, era el instrumento más eficaz para lograr redistribuir a los sectores explotados, parte de la acumulación de los beneficios que los nobles obtenían de sus propiedades gracias al trabajo de aquellos.
Roma: Los romanos acuñaron monedas principalmente en plata de diversos valores, siguiendo el ejemplo de los griegos, siendo muy abundante y de una gran pureza hasta el siglo VII de la fundación de Roma, pero en este siglo, y siguiendo el ejemplo de Cartago, se acuñaron denarios “antigua moneda romana, aparecida en el siglo III A.C”. Estas monedas fueron las sucesoras del dracma. Los denarios podían ser de óptima calidad o moneda de cobre recubierta de plata que debía ser aceptada igualmente como buena. Marco Druso en el año 663 propuso que se acuñaran monedas de esta clase, con el fin de poderse procurar dinero para comprar trigo y distribuirlo en el pueblo y cuyo ejemplo siguieron muchos particulares, acuñando moneda por su cuenta y para su cuenta. Tales falsificaciones confundieron al pueblo romano en cuanto a la distinción de unas y otras monedas, produciéndose una gran crisis monetaria que acompaño a la guerra civil y se tradujo en una crisis financiera (la primera de varias registradas), pues el número de moneda falsa acabo con el valor real del dinero.

Concepción Jurídica del Dinero
La naturaleza jurídica se podría definir como la soberanía monetaria que detenta el Estado y que busca principalmente otorgar una garantía dentro del comercio y las operaciones que se realicen en el país, actuando sobre la política económica y social; todo esto a través de un sistema monetario regulado a partir de normas jurídicas de diversa índole.

El dinero como medio de pago Las obligaciones dinerarias, debido a su importancia en el tráfico mercantil, deben ser pagadas por medio de los instrumentos de carácter monetario ya descritos con anterioridad.

El dinero como instrumento de valoración Al estimar el valor de un determinado bien que por su naturaleza no se concibe reflejado en instrumentos monetarios, se hace necesario pensar en la función sustitutiva que ejerce el dinero mismo, con el fin de intentar dotar de una expresión de tipo pecuniario ciertos eventos como una reparación de perjuicios o la generación de un daño. Al intentar resarcir el perjuicio causado a un tercero, se hace imprescindible entrar a valorar de forma económica dicho daño haciendo estudios sobre el patrimonio de la victima dentro de dos estadios diferentes como lo son antes y después del hecho dañoso.

El dinero como objeto de propiedad La moneda y el billete como bienes corporales consumibles y fungibles pueden ser objeto de derechos de propiedad. No obstante, por virtud del principio de la soberanía del Estado y el monopolio del mismo sobre la moneda, los particulares no pueden predicar de la misma su propiedad privada como si se tratase de un carro, una mesa o cualquier otro mueble.

Dinero Plástico y Monedas Modernas

El dinero plástico se puede definir como un medio de pago, distinto del dinero conocido tradicionalmente como papel moneda (billetes) y la moneda metálica; representado a través de tarjetas “plásticas” que ofrecen la posibilidad de debitar automáticamente dinero de la cuenta del usuario en el momento en que éste haga uso de ellas, en un establecimiento de comercio cuya aceptación esté permitida como medio de pago, (tarjeta Debito y Crédito) o en cajeros electrónicos de los bancos (tarjeta débito). Todo lo anterior, sobre una cantidad de dinero que se le ha concedido como cupo a su titular o que el mismo ha depositado en su cuenta de ahorros, para que cuando haga uso de su tarjeta como medio de pago, o pretenda hacer retiros por medio de un cajero, tenga fondos suficientes para dicha transacción (tarjeta debito o crédito) y/o quede obligado para con la entidad bancaria al pago de esa obligación crediticia (tarjeta de crédito).

Obligaciones Dinerarias y Obligaciones de Valor

Las obligaciones dinerarias son aquellas que tienen por objeto dar o entregar una suma de dinero, transmitiendo al beneficiario o deudor de dicha cantidad, el derecho de propiedad sobre la misma. Por su parte las obligaciones de valor corresponden donde el dinero no integra el contenido de la prestación y solo es sustitutivo de la verdadera prestación, pues intenta traducir en dinero lo que en realidad se debe. La idea se había ido ampliando simultáneamente con el progreso y desarrollo de las ideas valoristas hasta conseguir la afirmación que plantea que “aquello que se debe no es en definitiva una suma de dinero en cuanto tal, sino el poder adquisitivo (valor) que dicha suma tenia al tiempo del nacimiento del derecho crediticio”. El dinero no se busca en sí mismo, por su valor real de cambio, de mercado o poder adquisitivo.

Los Intereses
Los intereses son “El precio que ha de ser pagado por la utilización de bienes de capital. Como quiera que los bienes de capital constituyen factores de producción, su utilización proporciona un beneficio, por el que debe pagarse un precio”. Diez Picaso Ob. Cit. Pág. 67

Intereses Compensatorios - Intereses Moratorios
A los intereses compensatorios se les conoce también como lucrativos por ser el fruto o renta del capital y es el precio que paga el deudor prestatario por la utilización del dinero ajeno -algo así como la ganancia que obtiene el acreedor-. La tasa de los intereses compensatorios puede ser convencional o legal; pero la regla es que se originen por acuerdo de las partes y excepcionalmente por disposición de la ley. Por su parte los intereses moratorios se producen cuando se vence el plazo de la obligación sin que haya cumplimiento y es a partir de ese momento en que la deuda dineraria empieza a generarlos.

Obligaciones Condicionales

Obligaciones condicionales

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Obligaciones divisibles e indivisibles

El criterio fundamental para distinguir las obligaciones divisibles y las indivisibles es la posibilidad o imposibilidad respectiva de su cumplimiento parcial, esto basándonos en aspectos como la naturaleza de las cosas, la intención de los contratantes y el propósito de la prestación.

De igual forma, es importante acotar que la solidaridad no da a la obligación el caracter de indivisible, así como tampoco es solidaria la obligación por sólo ser indivisible. Art. 663 Código Civil.